La situación que está viviendo los empleados y empleadas del sector público ya es suficientemente complicada e incierta como para que ahora salga el alcalde y diputado provincial o los concejales del PP anunciando que se solidarizan con ellos.
Juan Ávila sólo pretende rentabilizar el recortazo aprobado el viernes por Rajoy, aplaudido en el Congreso por la bancada popular y con gritos como ¡“que se jodan”¡ de la Sra. Fabra o ¡“a trabajar”¡ de otro diputado popular. Todo ello indigno para un o una representante de los ciudadanos. Esta cortina de humo ayuda poco a la democracia.
Hay que recordar al PP de Carmona que no es una renuncia sino que es una obligación. El PP quiere convertir en excepcional una decisión de sus representantes; convertir en un gesto político lo que es una obligación como cargos públicos. Y aún más, una obligación moral en este momento. Si el Gobierno de Rajoy impone que los ayuntamientos y diputaciones quiten la paga extra a sus empleados públicos, sería inmoral y nada ético que no se aplicará a alcaldes, diputados y concejales.
El PP actúa con demagogia cuando anuncia a bombo y platillo que sus cargos renuncian a la paga extra. Si el Partido Popular quiere solidarizarse con los empleados públicos de Andalucía, que recorte los sueldazos de los altos cargos, nombrados "a dedo", que cobran más que el Presidente del Gobierno de España; que recorte en sus ayuntamientos y diputaciones como sucede en los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y en la Diputación de Málaga.
