- Los socialistas en ningún momento han pedido dinero, sino la posibilidad de contar con más medios personales para defender en igualdad los intereses de sus vecinos
- Todos los concejales del PSOE tienen trabajo y no dependen de la política, como sí lo hacen muchos del PP
Desde el primer momento, el GMS ha defendido que no se ha respetado la dotación de “personas” para asistir las tareas que tienen los concejales socialistas, en su derecho y deber de ejercer el control y fiscalización del gobierno municipal del PP.
Por este motivo, y a sabiendas de que era un tema controvertido, el GMS ha querido llevar a lo contencioso este debate. Lo ha hecho por coherencia y valentía, por entender que frente a las 16 personas con dedicación exclusiva que tiene el gobierno de Juan Ávila (PP), con 13 concejales, el equipo socialista solamente dispone de una y a dedicación parcial. Todo ello, a pesar de contar el PSOE con 5 concejales, lo que supone no dotar con criterios de “responsabilidad y proporcionalidad” como garantiza el art. 12 del Reglamento de Organización de Carmona.
Sin duda, con estos medios personales la competencia de pleno de “control y fiscalización” de la oposición no se puede llevar en condiciones de igualdad, para defender así los intereses de los vecinos y vecinas de Carmona.
En la demanda cursada, los socialistas dejan claro que no solicitan dinero, sino la posibilidad de tener una persona por las mañanas en tareas de apoyo al GMS, teniendo en cuenta que todos sus concejales tienen su trabajo y no dependen de la política, como sí lo hacen los concejales del PP (10 de ellos cobran de las arcas municipales).
Como queda acreditado en el expediente administrativo, el máximo legal de dedicaciones exclusivas ha sido destinado para 10 concejales del PP (tiene 13 concejales en total). Así, la desproporcionalidad de personas y dedicación de funciones es la siguiente:
Por otro lado, todos los cargos de confianza nombrados (6 en total) han sido adscritos a órganos de gobierno. Esto significa que el PP, liderado por Juan Ávila, cobrará durante el mandado más de 2,2 millones de euros y que una de las primeras medidas que adoptaron tras ganar las elecciones fue subirse el sueldo.
Cabe recordar que esta sentencia no es firme, y que el GMS dispone de 15 días para recurrirla.
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